“Espacios de Libertad”: un bonito traje para la concertada.
Durante los últimos veintiséis
años hemos vivido una especie de tregua entre modelos políticos, en aras del
consenso y la paz social. Desde el punto de vista de los usuarios, de la
ciudadanía, hemos asistido a una cesión de parte de las reivindicaciones de
unos y otros, sin entrar en cuánto ha cedido cada parte (conviene tener en
cuenta la diversidad de centros privados, en los que entran colegios laicos de
cooperativas, colegios religiosos, o “colegios-empresa”, atendiendo al interés
de cada uno). Un buen ejemplo de esto ha sido la política educativa, y la
contestación de conservadores y progresistas a los deberes y derechos recogidos
en nuestra constitución, especialmente en el derecho a la educación y el derecho
a la libertad de enseñanza (Art. 27), que por cierto, algunos confunden con un
derecho no recogido, ni explícitamente ni implícitamente, en el texto
constitucional: el de libertad de elección de centro; como no lo está el
derecho de elección de hospital, de comisaría de policía, de biblioteca… sin
que por ello no dejemos de tener la libertad de elección, como libertad
individual.
Fruto de este consenso político y
social, se arbitró una posibilidad para la subvención de los centros privados,
pasando a lo que se llamó red de centros sostenidos con fondos públicos, que
acoge a centros de titularidad pública, centros públicos, y centros de
titularidad privada ofertados al público gratuitamente en algunas de las
etapas, centros privados concertados.
En estos años de historia de
convivencia de ambos modelos, hemos asistido a una mejora de las condiciones
laborales de los docentes en la red pública (centros públicos), y un
acercamiento de estas condiciones en la red privada (menos del 2% de diferencia
en salarios). Asimismo, la implantación de la red de conciertos ha ido
extendiéndose en todos los territorios, siendo mayoritario ya en comunidades
como la de Madrid o el País Vasco.
El debate, en estos momentos,
gracias a la nueva estrategia del gobierno del PP, vuelve a recobrar
virulencia, actualidad, y alarma entre los sectores con menor renta económica,
pues la educación, además de ser un servicio para el desarrollo humano,
personal y colectivo, y base primigenia de la cultura y el desarrollo de
cualquier sociedad moderna, es un instrumento fundamental de igualdad y
justicia social.
Hasta ahora la justificación de
los defensores de la concertada, era su menor coste respecto a la pública.
Según datos de Mepsyd de 2005 el puesto escolar público, en la enseñanza no
universitaria, tenía un coste de 4.520€, con una diferencia entre los centros
públicos de 5.299€, y los concertados de 2.480€. Siempre hemos oído que la
pública cuesta el doble que la concertada. Sin embargo, si analizamos el coste
social, no el que sale de los presupuestos generales, o el coste familiar, las
cifras se igualan. Es decir, si toda la enseñanza fuera concertada, a lo que la
derecha parece dirigirse, a cada familia la educación de sus hijos les saldría
por un ojo de la cara. Un estudio de CONSUMER en 1999, ya advertía de que la
concertada costaba tres veces más que la pública, incluyendo todas las
actividades y servicios complementarios. La Consejera de Educación del Gobierno
Vasco, Isabel Celaá, aporta datos más actuales sobre el gasto educativo. En una
comunidad con una distribución de poco más del 50% en privada y un poco menos
del 50% en la pública, se destina el 69% del presupuesto educativo a la pública
y el 31% a la concertada. Explica Celaá esta diferencia en la distribución del
gasto según el tamaño de los centros: Un centro público de 1000 alumnos tiene
un coste de 3.404 € por alumno; 4.046€ si el centro es de 400 alumnos; y 9.397€
si sólo tiene 25 alumnos. En secundaría nos vamos a 6.063€ en centros de 1000
alumnos y 12.707€ si sólo hay 60 alumnos. No hay que decir quién es el titular
de todos esos centros que matriculan pocos alumnos, y que desde un enfoque de
mercado no parecen rentables. Sin embargo, ya el estudio de CONSUMER (1999),
que analizaba diferentes centros públicos, concertados y privados puros,
reflejaba en sus conclusiones que no existían diferencias significativas en
cuanto a los resultados de los alumnos, aún cuando el coste para las familias
era mayor en la concertada y mucho mayor en la privada.
Víctor Ruiz, defensor de la
concertada, defiende en su artículo que la concertada refuerza con su presencia
los recursos por alumno asignados a la pública, presentando una tabla en la que
se muestra y compara el gasto en el País Vasco (49,52% concertada y
10.388€/alumno en la pública) con Castilla-La Mancha (15,52% concertada y 6.749€/alumno
en la pública). Arriba, en lo alto de su tabla está el País Vasco, Navarra y
Baleares; y abajo, Castilla-la Mancha, Canarias y Extremadura. Aparte de que
estos datos no concuerdan con los expresados por otras fuentes; sí advertimos
que en comunidades con mayor renta la presencia de la concertada es mayor, y en
comunidades con una renta menor la presencia de concertada es también menor. A
falta de un riguroso estudio, podríamos deducir que hay concertada donde hay
más dinero, donde hay oportunidad de mejor negocio. Permítanme recordar que los
porcentajes de matriculación de alumnado extranjero, por poner un ejemplo, es
de un 82% en centros públicos y sólo el 14,1% en concertados (MEC, 2011) cuando
sólo el 67% del alumnado total está matriculado en los centros públicos. Si a
esto uniéramos el alumnado de minorías étnicas y acneae, con mayor presencia
proporcional en la pública, nos daríamos cuenta que las necesidades que cubre
la oferta de centros públicos en cuanto a escolarización, y en respuesta al derecho
a la educación de todos y todas, sin permitir selección o discriminación
alguna, nos lleva a un servicio público que vale lo que vale, sabiendo
distinguir entre valor y precio. Siendo lo contrario de necios.
Actualmente, la justificación del
coste educativo se ha visto relegado, por una parte debido a la diferencia de
los contextos de uno y otro modelo, tal como hemos visto; y por otra parte
debido al aumento de las recursos destinados a la educación concertada, tanto
al pago delegado del profesorado como a la gestión de los centros, y no digamos
de la financiación mediante desgravaciones fiscales y cesión de suelo público,
sin olvidar otras vías como la reciente campaña de subvención de actividades
extracurriculares y complementarias para centros concertados y privados en
Madrid.
La nueva idea-fuerza del frente
neoliberal es ampliar los “Espacios de Libertad”, así lo han dejado claro
referentes del PP como la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, o la
portavoz del PP en la comisión de educación del parlamento, Sra. Moneo.
Incluso, es uno de los tres ejes claves del programa educativo del actual
gobierno nacional: ampliar la libertad de elección de centro por los padres; y
para que haya más libertad debe haber más centros concertados y privados para
poder elegir. En este sentido fueron clarificadores los silencios del ministro
Wert ante la denuncia de esconder detrás del aumento del bachillerato, un
aumento de los conciertos a las etapas no obligatorias. Y no menos claras las
declaraciones de Marcial Marín sobre las bondades de la educación privada
concertada y su importancia para la lucha contra el fracaso escolar, dejamos
aparte lo que de insulto tienen estas manifestaciones para la pública.
Vestida con esta alegoría de Espacios de Libertad fluye una vieja
reivindicación de la derecha y de los sectores dedicados a la educación privada
en este país. Así la Mesa de Enseñanza Concertada (2005), que incluye a
asociaciones y sindicatos como ANCEE, CECE, CES, CONCAPA, FERE, EyG, FSIE, UECOE y USO, esgrimen en
su demanda de mayores recursos que “Tanto
la Constitución, en su artículo 27 apartados 1 y 3, como la LODE, en su
artículo 4 letras b) y c), consagran el derecho de los padres y tutores a
escoger Centro docente distinto de los creados por los poderes públicos y a que
sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.” Y continúan que “El referente jurídico máximo lo encontramos en el artículo 27 de la
Constitución de 1978, en su apartado 4, que establece que la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita.”. He aquí el problema, la interpretación que
hacen ellos de la Constitución, por supuesto parcial y, desde nuestro punto de
vista, equivocada.
En el punto 1 del artículo 27, se
garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la educación, y se reconoce la
libertad de enseñanza, no la libre elección de centro. Es decir, el Estado debe
garantizar el derecho de la ciudadanía a tener una educación pública, de
calidad, y gratuita. Y por otra parte “se permite” que cualquier persona física
o jurídica pueda crear un centro de enseñanza (punto 6.), luego reconocido por
la Administración, y, en el punto 9. el Estado se compromete a “ayudar” a los
centros que reúnan los requisitos establecidos en la Ley (LOE y RD.2377/1985).
En síntesis, el derecho universal lo garantiza el Estado mediante una red de
educación pública, obligatoria y gratuita, y cualquier persona tiene libertad
para crear un centro, como lo tiene para abrir una galería de arte, salvo que
en el caso de impartir enseñanzas y pretender dar un título, deberá cumplir una
serie de requisitos. Cualquier alumno tendrá libertad para ir a uno u otro
centro, público o privado, siempre que éste último este reconocido y tenga
dinero para pagarlo, si no fuera gratuito, que la ley no dice nada de cobrar o
no cobrar.
El otro punto en litigio es el
tercero de este artículo, donde se garantiza el derecho a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones. Los defensores de la concertada se aferran a este punto
para dar categoría de derecho a la financiación de los centros no públicos.
Cuando lo único que contempla el articulado es la imposibilidad de que la
educación estatal, pública, imponga una u otra religión o moral contra las
convicciones de los padres, o a lo sumo, con planteamiento positivo, el Estado
debería permitir que los alumnos y alumnas accedan a una formación religiosa y
moral ajustada a las creencias o convicciones de cada familia, pero, en un
espacio y tiempo individual, privado, separado del resto de la formación
obligatoria, pues el derecho de uno no puede sesgar el derecho de otros, como
ocurre actualmente.
La treta de la
concertada es imaginativa, primero solicitan y se les permite impartir una
enseñanza, segundo, como esta enseñanza debe ser obligatoria y gratuita, y como
ellos quieren cobrar por su servicio, el Estado debe financiarla. Olvidando la
diferencia entre lo que es un derecho y deber del Estado, asumido con el servicio
público de educación, y la libertad individual de cualquiera para abrir un
colegio, como cualquier otro servicio público, hospitales, residencias de
mayores, etc. Relevante es la Orden
de 30/12/2008, donde se recogen las normas para la suscripción, renovación y
modificación de conciertos educativos en CLM. En su punto cuarto exige como
requisito para el concierto educativo “a)
Que se dé respuesta a necesidades de escolarización, teniéndose en cuenta la existencia
de una demanda suficiente que no pueda ser cubierta por la oferta de otros
centros financiados con fondos públicos.” Lo que refleja un carácter
subsidiario o supletorio de la concertada en nuestra región.
Lo tremendo de esta nueva
idea-fuerza es la utilización de la palabra Libertad, y cómo la entienden los
neoliberales: libertad para quien pueda pagarla; libertad para vivir en una
chabola o en un adosado; libertad para trabajar por 641,40 euros o no trabajar;
libertad para guardar cola en el médico o no esperar; libertad para ir en metro
o en Mercedes; libertad para estudiar en la UCLM o en Harvard; y cualquier
libertad que se pueda comprar, y cuanto más barata mejor. Esa es la cuestión,
la educación es un derecho de y para todos y todas, un derecho que debe
garantizar la igualdad de oportunidades, las de salida no sólo de acceso,
oportunidades para conseguir más libertades, y lo decimos en plural,
libertades, porque en singular y con mayúscula, LIBERTAD, es otra cosa. De ella
se encarga la educación pública.
Santiago Langreo.
STE-CLM
